LA CARRERA JUDICIAL DE PEDRO HOOFT:

SU CARRERA EN EL PODER JUDICIAL SE DESARROLLÓ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁMBITO DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ES DECIR: NUNCA SE DESEMPEÑÓ EN EL FUERO FEDERAL.

Ingresó al Poder Judicial en 1966 como Secretario de un Juzgado Civil. Más tarde desempeñó funciones como Secretario de Cámara, Fiscal de Primera Instancia.

Luego Juez de primera instancia del fuero penal, cargo que actualmente desempeña. (Por no ser Argentino nativo -nació en Holanda- una cláusula de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le impedía ser ascendido a cargos judiciales superiores. En el año 2004, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida expresamente a su caso personal, fue habilitado para cargos judiciales superiores en la Provincia).

En 1984 el Gobierno Constitucional efectuó una cuidadosa evaluación del desempeño de los jueces durante el gobierno de la dictadura, especialmente en el fuero penal: HOOFT luego de ello, OBTUVO EL ACUERDO DEL SENADO en 1984 y fue CONFIRMADO, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en su cargo de JUEZ PROVINCIAL.

Nuevo documento:
Copia del ACUERDO DEL SENADO. 1984.

CONDENAS DE HOOFT por torturas y detenciones ilegales a policías fueron mencionadas como "EXCEPCION" a la general impunidad en causas por torturas y vejámenes. Las mismas son parte del INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, "Informe Argentina 1980" que más adelante veremos.

En Diciembre de 1976 mientras investigaba torturas y corrupción policial (en el ámbito que era de su estricta competencia, la justicia provincial) recibió un gravísimo ATENTADO con armas de fuego en su vivienda familiar en donde se encontraban él, su esposa y sus pequeños hijos.

HOOFT controlaba condiciones de detención en Comisarías y Cárceles (de personas detenidas a disposición de la justicia provincial). Dictó detenciones y condenas desde el año 1976 en adelante por torturas y corrupción. Muchas de esas condenas, lamentablemente, eran revocadas en instancias superiores.

Desde 1976 recibió y tramitó de inmediato HABEAS CORPUS por secuestros de personas. Como todos los jueces del país recibía informes de los organismos policiales y de seguridad, en los que se negaban las detenciones. En el Informe de la OEA “Argentina 1980” se destaca que similares informes recibían los jueces de todo el país en los recursos de habeas corpus.

Horacio Verbitsky

en "La Posguerra Sucia":

"El juez Hooft condenó a policías torturadores durante el gobierno militar. ¿Por qué habría de retroceder ahora?"

1° Ed. 1985 - 2° Ed. 1987

Reeditado en 2006 por Página 12/ Editorial Sudamericana.

En su libro La posguerra sucia, Verbitsky menciona al juez Pedro Federico Hooft.

En la página 138 dice:

Algunas CARTAS y NOTAS de Apoyo: 
Nota suscripta por Adela Mollard, Eva Giberti, Juan Carlos París, Armando Abruza, Héctor Marteau, Abel J.C, Ayala, Carlos V. Márquez y Antonio Manna.

NOTA FIRMADA POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL JUZGADO EN MARZO DE 2006

CARTA SUSCRIPTA POR FUNCIONARIOS, DEFENSORES Y AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DE MAR DEL PLATA

Nota de las Profesionales, Dra. Beatriz Arza y de la Lic. María Alicia Pérez, de fecha 29 de diciembre de 2006, dirigida a título personal al juez Pedro F. Hooft. 

La Dra. Beatriz Arza, actual Defensora del Pueblo del Partido de General Pueyrredón y Ex Directora de la ONG CAAM (Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada), y la Lic. María Alicia Pérez, Presidente de la referida ONG, expresan en la presente carta su apoyo al juez Pedro Hooft por su defensa de los Derechos Humanos de las personas vulnerables.  

Mar del Plata, Diciembre 29 de 2006

Señor Juez -

Dr. Federico Hooft PRESENTE

De nuestra consideración:

Quienes suscriben la presente, partícipes desde hace muchos años del movimiento de mujeres marplatenses que lucha por la igualdad de género, para la construcción de una sociedad más equitativa y democrática reconocen que, en el marco de la investigación de mujeres en situación de prostitución muertas y desaparecidas, fuimos recibidas y atendidas siempre por el Sr. Juez Federico Hooft, quien se solidarizó con la causa motivo de nuestra preocupación

Debemos decir al respecto que, en aquel momento en que algunas instituciones y parte de la población marplatense antepuso a la condición de víctimas su historia de prostitución, la búsqueda de culpables y/o cómplices de tan aberrante s delitos parecía resultar indiferente a algunos sectores sociales.

Fue el Dr. Federico Hooft, como uno de los jueces de la causa quien le dio sentido a la investigación, descubriendo que detrás de las desapariciones existía una banda de policías que regenteaba y ejercía actos de corrupción fundamental en relación a la actividad de personas que ejercían la prostitución en Mar del Plata.

Además es conocido su compromiso en las causas referidas a los derechos de las mujeres, los temas de bioética y la defensa de los derechos de las minorías discriminadas (portadores de HIV -Sida, enfermos terminales en conflicto con las Obras Sociales, etc.)

Sin más, saludamos respetuosamente

Beatriz Arza y María Alicia Pérez.

Nota enviada por el Dr. Juan Carlos WLASIC al Juez Pedro F. HOOFT.

Nota de la Dra. María Luisa Pfeiffer (1997)

Carta de los Dres. París y Mollard. (1993)

Nota del Profesor Rodolfo A. Rodriguez, entonces Decano de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. (2001)

Publicación en el Diario La Capital de Carta de Apoyo al juez Hooft escrita y firmada por Profesionales de la Justicia. Al hacerse público el texto se sumaron innumerables firmas por parte de la ciudadanía en general.

27 de marzo de 2006.

Profesionales de la justicia brindan contundente respaldo al juez Hooft

Abogados, magistrados, profesionales del derecho, funcionarios judiciales y otros representantes de la comunidad salieron al cruce de la denuncia presentada contra el doctor Hooft, entre otras cuestiones, por su presunta vinculación con el terrorismo de Estado.

Tras la presentación de una denuncia penal, en el ámbito de la Justicia Federal de esta ciudad, en la que se le imputa al juez Pedro Federico Hooft su presunta vinculación con el terrorismo de Estado y otros delitos de lesa humanidad, en el contexto de la fatídica "Noche de las Corbatas", numerosos representantes de la actividad judicial -abogados, fiscales, jueces y camaristas entre otros- dieron a conocer un documento rechazando esas imputaciones y resaltando el accionar del magistrado. 

En este sentido, señalan que el doctor Pedro Hooft "ha sido uno de los más activos luchadores -si no el que más- contra la tortura, los vejámenes, los apremios ilegales y los malos tratos policiales, durante la dictadura militar", añadiendo que el citado juez "ha dejado palmarias muestras de su denuedo en la defensa del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la identidad sexual". 

Textualmente, el documento de los profesionales comienza señalando que "los abajo firmantes frente a la reciente difusión pública, en distintos medios periodísticos locales y nacionales, de la promoción de una denuncia penal en el ámbito de la Justicia Federal de esta ciudad, en la que se imputaría al Sr. juez a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 4 de esta distrito (a la vez que mantiene la titularidad del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 1), Dr. Pedro Federico Cornelio Hooft, su presunta vinculación con el terrorismo de Estado y otros gravísimos delitos de lesa humanidad, que se dicen cometidos en el contexto de la fatídica "Noche de las Corbatas", durante el mes de julio de 1.977, de los que resultaron víctimas abogados de nuestro foro y familiares directos de éstos, queremos dar a conocer nuestra propia opinión de ciudadanos de un Estado democrático de Derecho, sin con ello pretender interferir la labor que viene llevando adelante el magistrado federal instructor". 

En este sentido, se remarca en el documento que están "convencidos que el juez denunciado no es -ni ha sido, antes- un genocida, como tampoco ha constituido asociación ilícita alguna para la comisión de ilícitos de lesa humanidad, en el marco de las acciones delictivas del terrorismo de Estado, pues a quien ha sido uno de los más activos luchadores -si no el que más- contra la tortura, los vejámenes, los apremios ilegales y los malos tratos policiales, durante la dictadura militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" (al extremo de haber sufrido un gravísimo atentado en su vivienda a fines de 1976, a poco de haber encabezado un procedimiento judicial en el que se descabezara la cúpula de la Comisaría de Miramar, y del que milagrosamente él y su familia resultaron ilesos), mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales, es más, ni siquiera haber sido cómplice al servicio de las doctrinas de la seguridad nacional que inspiraron a los grupos de tareas, encargados de planificar y ejecutar los actos de terrorismo de Estado que ahora se le coincriminan al denunciado". 

En otro párrafo del texto dado a conocer por abogados, magistrados y funcionarios judiciales, se sostiene que "a quien ha velado con tan fecundo celo funcional -siempre en especial referencia al período 1976/1983- por las condiciones humanitarias de detención de las personas sometidas a la jurisdicción provincial, tanto en dependencias policiales cuanto penitenciarias, como lo demuestran las innumerables actuaciones y causas penales iniciadas de oficio por el magistrado aludido, mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales". 

"Defensa del derecho a la vida y la dignidad" 

El tercer punto del documento refiere que "a quien hubo sido denunciado por su desempeño funcional como juez, y siempre con relación a los hechos aludidos, concomitantes o similares, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (conf. Exte. 3001-108/93, caratulado "Pannoni, Alberto Felipe -abogado- Acusa"), obteniendo resolución favorable de ese cuerpo que rechazó la formación de causa, con fecha 5 de agosto de 1.993, decisorio que quedara firme luego de haber desestimado la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. el recurso interpuesto por el acusador privado, mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales", añadiéndose nuevamente: "Es más, ni siquiera haber sido cómplice al servicio de las doctrinas de la seguridad nacional que inspiraron a los grupos de tareas, encargados de planificar y ejecutar los actos de terrorismo de Estado que ahora se le coincriminan al denunciado". 

Por último, se remarca que "cual es público y notorio, a quien durante su extenso desempeño jurisdiccional en esta ciudad de Mar del Plata -con aciertos y errores, como es natural- ha dejado palmarias muestras de su denuedo en la defensa del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la identidad sexual, desarrollando a través del instituto del amparo la protección efectiva de tales valores de rango constitucional, siendo el pionero de la bioética a nivel local (y uno de los precursores de su estudio y aplicación a nivel nacional y hasta continental), mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales". 

Entre los firmantes del documento pueden mencionarse a Esteban Horacio Viñas, Alfredo Deleonardis, Ricardo Favarotto, Daniel Laborde, Aída Kemelmajer de Carlucci, Carlos Ghersi, Ana María Di Lonardo, Ricardo Miguel Zuccherino, Marcelo Zarlenga, Ricardo Gutiérrez, Rodolfo Guimarey, Jorge Peralta, Ramiro Rosales Cuero, Miguel Angel Mitidieri, Mirella Marzola, Carlos Giménez, Miguel Dologarya, Mario Vera Tapia, Horacio Insanti, Analía Cristina Jorge, Mirta Fernández, Gloria Znchowicky, Juan Nicolás, Sergio García, María Fernanda Saumell, Carlos Hernando, José Fraraccio, José Luis Piuma, María Elena Palomo, María Carolina Visús, Silvia Caffaro, Enrique Arbizu, Gustavo Adolfo Redi, María Luisa Fux, José Luis Salgado Creo, Lucía Rodríguez Fanelli, Jorge Osvaldo Novelli, Horacio Salvador, Cristian Ariel Terrero, Geraldin Piccardi, Chiatti Fiana, Mónica Bustamante, Javier Pablo Laborde, Mónica Tejerina, María Gabriela Botálico, Sebastián Calderara, Pablo Haller, Matilde Chino, Alicia Rodríguez, Olga Arrechea, Eduardo Masarachio, María Laura Salemme, María Ana Simón, Osvaldo Camaño, Diego Otamendi, Adriana María Games, Ricardo Rodríguez Aranda, Isabel Olivera, Leonardo Tralibe Burattini, Héctor Martín, Néstor Peláez Allier, Olga de Cangiano, Raúl Viñas, Beatriz Castellanos, Justo Zanier, María Marta Mainetti, Ana Abraham, Carmen Rodríguez, Jorge Castro, Mario Serrat, Rodríguez A.M., Virginia Acuña, Susana Larroca, Teresa Asnáriz, Zulema Ruggieri y María Virginia Simonetti, entre otros.
http://www.lacapitalmdp.com/ver_historico.php?id=55947

La D.I.P.B.A (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –actuaba como la SIDE pero en la Prov. de Buenos Aires-): EN 1979 LOS SERVICIOS SECRETOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA LE “APUNTARON” AL JUEZ PROVINCIAL Pedro HOOFT.

VALOR PROBATORIO Y ACLARACION DEL CONTEXTO, RELACIONADO CON EL INFORME DE LA DELEGACION D.I.P.B.A. MAR DEL PLATA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) DE FECHA 07/07/1979, PRESENTADO POR LA COMISION PROVINCIAL DE LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

EXPEDIENTE 5113 DEL JUZGADO FEDERAL Nº3 DE MAR DEL PLATA (con carátula y radicación originaria “Roberto, Frigerio y otros s/denuncia”, causa 22.929, Juzgado en lo Penal nº3 de Mar del Plata (juez Pedro F. Hooft, Secretaría nº6).-

* A fs. 1302/1305 del expediente que ahora tramita bajo el número 5113 del Juzgado Federal nº3 de Mar del Plata, se encuentra incorporado el siguiente documento:

- “Mar del Plata, Delegación DIPBA, 7 de julio de 1979. Ámbito: Subversivo. Asunto: “Panorama Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho de Habeas Corpus”.-

* Entre los Antecedentes en el Documento que contiene los sellos y firmas aclaratorias correspondientes a la Comisión por la Memoria “Archivo D.I.P.P.B.A.” se menciona que en diciembre de 1978 “un conjunto de personas, vinculadas con supuestos desaparecidos de la ciudad…” habrían gestionado la publicación de una solicitada dirigida “a las autoridades nacionales y pueblo de la República, titulada dónde están nuestros hijos”.-

* En el apartado siguiente “Situación”, se menciona que “un conjunto de familiares de presuntos desaparecidos” se reunían en una Parroquia, a cargo del “sacerdote Dol Gamallo de definida tendencia progresista o tercermundista”, quien facilitaba dependencia de la Parroquia para reuniones de familiares de “presuntos desaparecidos” aportándose detalles respecto de la periodicidad de las reuniones, personas que concurrían, estructura de distintas comisiones, etc.-

* Se destaca también que se habría formado una comisión directiva, integrada, entre otras personas “Antonia A. de Segarra, C.I. Policía Federal nº 3.754.019”, explicándose luego el funcionamiento de las distintas “comisiones” y su financiamiento.

* En la tercer hoja del informe (fs. 1304) de pronto el Informe de D.I.P.B.A. (en aquella época la “central de inteligencia” provincial) se observa:

- “en otro orden de cosas, bajo la COBERTURA, de COMISION DIOCESANA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, funciona otra comisión, con idéntico propósito a la que patrocina DOL GAMALLO …”

¿QUÉ DICE EL INFORME DE INTELIGENCIA DEL JUEZ PROVINCIAL PEDRO HOOFT?:

- “se asegura la intensa participación en esta comisión, de las siguientes personas: PEDRO CORNELIO FEDERICO HOOFT, Juez penal de Primera Instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata”, respecto de quien se observa: “de cuya tendencia se desconfía”, “no es por supuesto partidario de la filosofía del proceso actual”, y “en abierta beligerancia con la Policía de esta Ciudad, cosa que demuestra públicamente…”

- En esta parte del informe y a su vez vinculado con el juez Hooft se menciona a otras dos personas, en aquel momento auxiliares del mismo Juzgado a cargo de Hooft: “RICARDO SILVIO FAVAROTTO” –primero auxiliar y años después Secretario del mismo Juzgado- (actual Juez de la Cámara de Apelación y Garantías) y “HEBERTO HECTOR CALABRESE” (Oficial Primero del mismo Juzgado, hasta el momento de su retiro por jubilación, casi diez años después).

- También se menciona allí a varios religiosos, al Obispo Diocesano y al Canciller de la Curia, a quienes se vincula con el juez y auxiliares del juzgado nombrados y se destaca que “tampoco se ha podido detectar el contenido de los diálogos” (con el obispo y canciller del obispado), aunque se menciona el tema vinculado con la presentación de recursos de hábeas corpus.-   

* Entre los años 1982 y fines de 1987 el Expediente originario “FRIGERIO, Roberto y otros s/denuncia”, Juzgado Penal 3, Causa 22.929 tramitó con intervención del Dr. Pedro F. Hooft. En dicha causa se adoptaron numerosas medidas, incluyendo exhumaciones y pericias antropológicas forenses de personas inhumadas como “N.N” en el Cementerio Parque de Mar del Plata, víctimas de la represión ilegal. En muchos casos se pudo determinar no sólo la identificación fehaciente de las personas inhumadas como “N.N” sino también las causas de sus muertes violentas.

* De acuerdo a la determinación del ámbito de competencia entre la justicia provincial y la justicia federal, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación, una vez identificados los restos mortales de las víctimas, y causales de las muertes violentas, en cada caso se remitían las actuaciones correspondientes a la Justicia Federal de Mar del Plata.-

* En la causa originaria “FRIGERIO S/DENUNCIA”, expediente 22.929, el Dr. Juan Carlos WLASIC intervino como patrocinante primero del Sr. FRIGERIO y luego como apoderado de familiares de otras víctimas. Las medidas de prueba propuestas por el Dr. WLASIC al igual que por otros abogados de otras víctimas fueron resueltas favorablemente, lo cual permitió avanzar con la investigación.-

* La causa quedó en el Juzgado Penal 3 a cargo del Dr. Pedro F. Hooft, hasta el mes de diciembre de 1987, fecha en que debido a una reestructuración del fuero penal, pasó a tramitar en otros Juzgados Penales provinciales, hasta que en años recientes por INHIBICION DE LA JUSTICIA PROVINCIAL, el voluminoso expediente pasó a la JUSTICIA FEDERAL DE MAR DEL PLATA.-

* En acusaciones formuladas contra el juez Pedro Hooft, suscripta entre otros por el mismo abogado Dr. WLASIC, se incluyeron supuestas irregularidades en trámites del expediente originario “FRIGERIO S/DENUNCIA”.-

* Debido a esta última circunstancia, para poder informar el juez Hooft sobre los trámites que en nueve cuerpos del expediente “FRIGERIO” se habían realizado con su intervención, por escrito, SOLICITO LA VISTA DE LA CAUSA al Juez Federal Dr. Pradas (Juzgado Federal nº3), detectando en ese momento el INFORME DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA DE POLICIA DEL AÑO 1979, ya referido.-

* Como dato complementario de interés resulta importante tener en cuenta el MOTIVO del INFORME de Inteligencia, que era la Visita de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de la OEA.-

*  En el Informe de la OEA luego de la Visita “In Loco” ("en el lugar") a la Argentina en 1979, publicado en 1980 como “Informe Argentina 1980”, la Comisión Interamericana señala la información referida a sólo dos condenas dictadas en la Argentina por torturas y privación ilegal de la libertad. Una de esas causas, con sentencia condenatoria dictada en 1979 tramitó ante el Juzgado Penal nº3 a cargo de Pedro Hooft, quien dictó severas condenas a funcionarios policiales de la Seccional Cuarta de Policía, incluyendo al “Jefe del Servicio de Calle” Marcelino Blaustein, ascendido en años posteriores al cargo de Comisario.

Copia de la Carátula del Expediente de la "Causa Frigerio": este expediente que tiene los sellos de la Comisión Provincial por la Memoria (de la Provincia de Buenos Aires) contiene el Informe de Inteligencia de D.I.P.B.A donde se lo menciona al juez Pedro Hooft como "no partidario de la filosofía del proceso actual..."

COPIA DEL INFORME DE LA D.I.P.B.A: Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

AQUÍ DESTACAMOS UN PÁRRAFO DEL INFORME DE INTELIGENCIA YA MENCIONADO EN DONDE SE REFIEREN AL JUEZ PROVINCIAL PEDRO FEDERICO HOOFT:

LA FIRME ACTUACIÓN DEL DOCTOR PEDRO HOOFT DURANTE LA DICTADURA LE VALIÓ UN ATENTADO EN SU DOMICILIO PARTICULAR.

ARTICULO DEL DIARIO "LA CAPITAL" SOBRE EL ATENTADO AL JUEZ HOOFT. DICIEMBRE DE 1976.

El atentado con armas de guerra en la casa del Juez Pedro Hooft, ocurrió a las 3 de la madrugada del día 2 de diciembre de 1976.

Los disparos fueron efectuados a distintos puntos vulnerables de la vivienda incluyendo los dormitorios del matrimonio y el de sus hijos (que tenían entre 2 y 7 años de edad).

EL ATENTADO FUE A MATAR.

El motivo del atentado fue una investigación que Hooft llevaba adelante por torturas y corrupción policial en el que estaban implicados un comisario y varios oficiales.

Debido al atentado y otras amenazas recibidas, la esposa y los (hasta ese momento) 4 hijos del matrimonio se vieron forzados a retirarse de su domicilio y abandonar la ciudad durante el verano de 1977. Pedro Hooft permaneció en la ciudad, pasando cada noche en distintas casas de amigos y familiares.

Carta del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en solidaridad por "el gravísimo atentado ocasionado a Ud. y su familia". Fechada el 09 de dicimebre de 1976.

Copia de la Carta de Solidaridad por el atentado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Departamental Dolores. 17 de diciembre de 1976.

Carátula del Expediente de Reconstrucción del Atentado a la casa del Juez Pedro Hooft en 1976.

Llamativamente el expediente originario referido al atentado en 1976 en el domicilio del juez Hooft, resultó ´extraviado´. Al igual que otro expediente federal derivado del mismo por el uso de armas de guerra, tema de competencia federal.

En el año 2001, otro Juez (Dr. Viñas) ordenó una RECONSTRUCCIÓN en base a los datos registrados en los libros del juzgado original.

                                                Resumen explicativo:

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (OEA).REFERENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA (Organización de los Estados Americanos) A LA ACTUACIÓN DEL JUEZ PROVINCIAL PEDRO HOOFT DURANTE LA DICTADURA.

En el Informe de la OEA luego de la Visita “In Loco” ("en el lugar") a la Argentina en 1979, publicado en 1980 como “Informe Argentina 1980”, la Comisión Interamericana incorpora información referida a sólo dos condenas dictadas en la Argentina por torturas y privación ilegal de la libertad. Una de esas causas, con sentencia condenatoria dictada en 1979 tramitó ante el Juzgado Penal nº3 a cargo del juez provincial Pedro Hooft, quien dictó severas condenas a funcionarios policiales de la Seccional Cuarta de Policía, incluyendo al “Jefe del Servicio de Calle” Marcelino Blaustein, ascendido en años posteriores al cargo de Comisario. (La visita de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sumado a otras investigaciones referidas a torturas y vejámenes motivaron el INFORME DE INTELIGENCIA DE LA D.I.P.B.A del año 1979 en el que los Servicios de Inteligencia dicen de Pedro Hooft: “de cuya tendencia se desconfía”, “NO es por supuesto partidario de la filosofía del proceso actual”, y “en abierta beligerancia con la Policía de esta Ciudad, cosa que demuestra públicamente…”).


Aquí parte del Informe:

 

Fuente: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Argentina80sp/Cap.5.htm

QUÉ DICE LA PRENSA DEL JUEZ PEDRO HOOFT?

Archivos de prensa.

En esta sección iremos subiendo publicaciones que se refieren al juez Pedro Hooft.

Horacio Verbitsky

en "La Posguerra Sucia":

"El juez Hooft condenó a policías torturadores durante el gobierno militar. ¿Por qué habría de retroceder ahora?"

1° Ed. 1985 - 2° Ed. 1987

Reeditado en 2006 por Página 12/ Editorial Sudamericana.

En su libro La posguerra sucia, Verbitsky menciona al juez Pedro Federico Hooft.

En la página 138 dice:

Diario Clarín, 31 de octubre de 1982.

Diario La Nación, noviembre de 1982

Diario El Atlántico, octubre de 1982.

AÑO 1982: "El Colegio de Abogados hizo público su desagrado y grave preocupación por el trato descomedido, por parte de personal policial, del que fueron objeto magistrados y funcionarios del Poder Judicial que procesaron a policías de la seccional tercera de Mar del Plata.
Tal el caso del Juez Pedro Hooft".

Diario Clarín, abril de 1984.

Abril de 1984: "El buen empeño de la pesquisa de aquellos delitos -una investigación que superando innumerables trabas viene llevando a cabo desde hace tres años el juez Pedro Hooft- está permitiendo reunir pruebas valiosas para reconstruir el accionar clandestino, reservado, secreto o ilegal en el que habría incurrido personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad".

Diario La Capital, 5 de marzo de 1984.

Marzo de 1984:"El Juez Pedro Hooft logró establecer que en el transcurso del año 1977, el Ejército -con más precisión por orden del GADA 601- ordenó internar en el Hospital Interzonal General a una mujer no identificada que presentaba un embarazo de siete meses". 

Diario Clarín, 3 de octubre de 1984.

AÑO 1984: "El Juez en lo Penal Pedro Hooft 

condenó a prisión e inhabilitación a un subcomisario, cuatro suboficiales y dos médicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los encontró culpables de privación ilegítima de la libertad y torturas".

Revista La Ley, 1984.

Año 1984: "El Juez Pedro Hooft dictó prisión preventiva a cinco oficiales de la Unidad Penal 15 de Batán por la comisión de vejámenes y malos tratos a internos".

Diario La Capital, noviembre de 1984

Diario Clarín, 26 de mayo de 1988

Diario La Nación, 29 de mayo de 1988

Diario El Atlántico, 31 de mayo de 1988.

Año 1988: "El Juez Pedro Hooft ha iniciado épica batalla contra la corrupción policial; contra la corrupción de algunos funcionarios, los menos, no la institución que es digna, necesaria, cubierta de gloria desde su creación. Pero el Juez Hooft, en algunos momentos aparece como redivivo Quijote (...) que lucha por un mundo mejor de justicia y verdad..."

Diario La Nación, 31 de mayo de 1988.

Diario Clarín, 1 de junio de 1988

Diario La Capital, 1 de junio de 1988

Diario El Atlántico, 1 de junio de 1988

Diario La Nación, 2 de junio de 1988

Diario La Nación, 3 de junio de 1988

Diario El Atlántico, 3 de junio de 1988

Diario Página 12, 5 de junio 1988.

Año 1988: En diciembre de 1976, en plena dictadura, el Juez Provincial Pedro Hooft allanó una comisaría incautando elementos de tortura.
Al igual que hoy, investigaba denuncias por corrupción.
Cuatro disparos de itaka que no acertaron a su cuerpo fue la respuesta que recibió". 

Revista Somos, 8 de junio de 1988

Año 1988. Revista Somos:
"- A este tipo hay que sacarlo del medio. Siempre está la solución radical".
"Este terrible diálogo sucedió entre dos altos jefes policiales. "Este tipo" es el Juez Pedro Federico Hooft".
"Las casetes fueron escuchadas por el juez Hooft, constan en la causa y el Ministro Brunati las conoce".

Diario Página 12. 21 de junio de 1988.

Año 1988: "Desde hace tiempo el Juez Pedro Hooft investigaba y acumulaba denuncias contra la corrupción policial en Mar del Plata".

Diario La Capital, diciembre de 1993

Año 1993: "Merece destacarse la actitud del Juez Pedro Hooft, que fue convocado porque, como lo señaló el petitorio de los internos del Penal de Batán, representa garantía de imparcialidad".

Diario La Nación, marzo 1995

Año 1995: "El juez Pedro Hooft -no es la primera vez- se enfrenta a estructuras no habitualmente permisivas a la acción de la Justicia. Generalmente ocurre en los casos en que los investigados son los servicios de seguridad.
El Colegio de Abogados de Mar del Plata comunicó que respalda las investigaciones de Hooft". 

Diario Clarín, marzo de 1995

Año 1995: "El juez Hooft intervino de inmediato y se comprobó que al preso le habían dado una terrible paliza con los puños, los pies y elementos contundentes". 

Diario El Día. 11 de agosto de 2002.

Año 2002: "Pedro Federico Hooft, el Juez marplatense, se ha caracterizado por ser un magistrado que ha encarcelado a gran cantidad de uniformados por distintos casos de torturas y hechos de corrupción, incluso durante la dictadura militar".

Diario EL DÍA

http://www.eldia.com.ar/catalogo1/20020811/policiales2.asp

LA INVESTIGACIÓN POR LAS MUJERES DESAPARECIDAS EN MAR DEL PLATA. 


Diario Clarín, 6/10/2001


CRIMENES EN MAR DEL PLATA: UN VUELCO EN LA INVESTIGACION


Creen que hay policías involucrados en los asesinatos de prostitutas

Durante años se atribuyó a un supuesto loco de la ruta los crímenes y desapariciones de 13 mujeres

Pero ahora, dos allanamientos y el resultado de escuchas telefónicas apuntan a una organización que integrarían policías

Mar del Plata y La Plata. Corresponsales
No hay ningún "loco de la ruta". En las últimas horas, la Justicia reunió pruebas firmes que indican que detrás de los crímenes y desapariciones de trece prostitutas marplatenses no hay un asesino serial, sino una organización que estaría integrada por policías bonaerenses.


Una alta fuente judicial reveló a Clarín que, en distintas intervenciones telefónicas, surgieron pistas que implicarían al menos a dos policías en la desaparición de Verónica Andrea Chávez (26), una joven a la que se creía víctima del "loco de la ruta". "Las intervenciones se hicieron sobrellamados telefónicos hechos desde oficinas policiales hacia un prostíbulo y desde éste hacia la Policía", dijo la misma fuente. Y agregó que hay fuertes indicios de conexiones con el Poder Judicial.

En el juzgado de Instrucción marplatense a cargo de Pedro Federico Hooft creen que, con las nuevas pruebas, también podrían aclararse las desapariciones de otras prostitutas. Por empezar, porque algunas de ellas trabajaban en el prostíbulo donde se interceptaron las llamadas telefónicas hacia la Policía. El vínculo más directo sería con los casos de Ana María Nores (26) y Silvana Caraballo (28).

Además de recibir los resultados de las escuchas telefónicas, el juez Hooft encabezó dos allanamientos. Uno de ellos fue en un departamento donde funcionaba un prostíbulo, en la calle Salta al 1300, casi Tres de Febrero, en el barrio La Perla. El otro, en la casa de la dueña del prostíbulo, en Valencia y Ruta 2, en las afueras de Mar del Plata. En esos lugares se secuestró "importante documentación", reveló una fuente del caso. Se trataría de agendas, rollos de fotos y registros contables.

A partir de estos elementos, el juez recaratuló la causa Chávez. Dejó de ser una simple "averiguación de paradero": ahora se trata de un presunta "privación ilegal de la libertad calificada" y, eventualmente, "con homicidio resultante".

Esta mujer desapareció el 14 de enero de 1998. Esa noche se despidió de un familiar, a quien le dijo que se encontraría en una esquina con un amigo que la llevaría a su casa. Pero nunca llegó. Por la tarde había comprado un regalo para uno de sus hijos, lo que indicaría que no tenía intenciones de escaparse.

En la investigación se determinó que Chávez ejercía la prostitución en la zona de La Perla. En un allanamiento hecho en su casa —en avenida Luro y 180—, los investigadores secuestraron una agenda en la que la joven anotaba los datos de algunos de sus clientes y conocidos. Allí aparecieron los nombres de políticos y funcionarios del Poder Judicial.


Más allá de esos datos, el juez Hooft ahora apuntaría a identificar a dos suboficiales de la Bonaerense que habrían trabajado en la comisaría 1. Esa seccional tiene jurisdicción sobre el barrio La Perla, donde en total desaparecieron trece prostitutas desde julio de 1996. Los cuerpos de cinco de ellas fueron encontrados mutilados en rutas y caminos vecinales (de allí surgió el mito del "loco de la ruta").


Consultado sobre el nuevo giro que habría tomado el caso, el comisario mayor Héctor Francescángeli —a cargo de la Jefatura Departamental Mar del Plata— dijo no estar enterado. "Por el momento desconozco que haya vinculaciones de policías con estos casos", indicó a Clarín.

Sin embargo, hubo un hecho que demostraría que el juez Hooft y la fiscal del caso, Susana Kluka, no piensan igual que el comisario: los últimos allanamientos fueron realizados por nueve gendarmes y por agentes de la Policía Judicial, que no depende de la Bonaerense sino de la Procuración de la Corte provincial.

El procurador Eduardo de la Cruz admitió la posibilidad de que detrás de estos crímenes y desapariciones se encuentre una banda de trata de blancas. Pero no quiso hacer más comentarios.

Algunos investigadores entienden que la organización que habría participado de las desapariciones de las prostitutas también se dedicaría alnarcotráfico. Y sostienen que "tendría ramificaciones en distintos puntos del país".

Para seguir esa pista, la Procuración ordenó una serie de operativos en Rosario y Santiago del Estero. Allí también se entrevistó a familiares de las mujeres desaparecidas en Mar del Plata. 


http://edant.clarin.com/diario/2001/10/06/s-05801.htm

DIARIO CLARÍN, 11 DE AGOSTO DE 2002

Clarín.com  »  Edición Domingo 11.08.2002  »  Sociedad  »  Nueve policías presos por tres desapariciones

VINCULOS ENTRE LA BONAERENSE Y EL NEGOCIO DE LA PROSTITUCION
Nueve policías presos por tres desapariciones

Guillermo Villarreal. CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA.
Nueve de los diez policías acusados de participar en una organización delictiva que habría hecho desaparecer a tres prostitutas de Mar del Plata, fueron detenidos ayer por orden del juez de transición Pedro Federico Hooft. Su indagatoria se fijó para mañana, mientras que aún no se determinó cuándo será interrogado el fiscal federal Marcelo García Berro, imputado por encubrimiento y falso testimonio en el mismo caso.
Las detenciones fueron en el marco del expediente donde se investigaba la supuesta existencia de un asesino serial de mujeres bautizado como "El loco de la ruta". El juez ya determinó que algunas de las desapariciones de prostitutas registradas en los últimos años en Mar del Plata no estarían vinculadas con ningún criminal, sino que una banda de policías y civilesdedicados al negocio de la prostitución y las drogas estaría detrás de todo.
Por eso, además de ordenar la detención de los diez policías, el juez decidió imputar a cuatro civiles. Entre ellos figura Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, presunta dueña de un prostíbulo ubicado en la zona rojamarplatense. La mujer se habría ido del país —podría estar en los Estados Unidos—, por lo que se ordenaría su captura internacional. Otros dos de los acusados ya fueron arrestados. Sobre ellos, el procurador general de la Corte bonaerense, Eduardo de la Cruz, indicó: "Ya tenían pedido de captura, y a pesar de ello mantenían contacto diario con policías".
En los últimos años fueron asesinadas o desaparecieron sin dejar rastros 13 mujeres, la mayoría prostitutas. El hallazgo de varios cuerpos cerca de caminos hizo que la propia Bonaerense hablara de un asesino serial al que bautizó "El loco de la ruta". El expediente que maneja Hooft está centrado en tres de las víctimas, desaparecidas entre julio de 1997 y enero de 1998: Ana María Nores (26), Silvana Paola Caravallo (26) y Verónica Andrea Chávez (25).
En su investigación, Hooft utilizó un sistema de rastreo de llamadas telefónicas y determinó cruces entre comisarías y prostíbulos de La Perla. Además, se detectaron "cientos de llamadas" en las que intervenía el fiscal García Berro con sus teléfonos particulares y el de la fiscalía.
Esos números estaban registrados en la agenda de la desaparecida Chávez, junto a datos de funcionarios policiales, ex concejales y vecinos de la ciudad. Por otro lado, varios testigos contaron que vieron el auto del fiscal, identificado con patente judicial, recorriendo las calles de la zona roja.
La hipótesis judicial es que los policías le brindaban protección a las prostitutas a cambio de un pago semanal. Y que también les cobraban a diferentes prostíbulos.
Ayer, la Justicia reveló las identidades de siete de las nueve policías detenidos en el caso. Son los subcomisarios Daniel Iglesias y Norberto Pastor, el suboficial mayor Armando Aranda, los sargentos Miguel Valledor, Lines Ayala y Oscar Lizarraga, y el suboficial Daniel Soria.
Según fuentes judiciales, en los allanamientos que se hicieron para detenerlos habrían surgido pruebas de más delitos. Para investigarlos se abrió otra causa. 

http://edant.clarin.com/diario/2002/08/11/s-04302.htm

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El país| Jueves, 15 de agosto de 2002

DENUNCIAN UN PLAN PARA ATENTAR CONTRA UN JUEZ

El riesgo de apresar policías

El procurador Eduardo de la Cruz dijo que hay indicios sobre un atentado al juez que investiga la muerte de prostitutas en Mar del Plata. En esa causa ya hay diez policías detenidos.

El juez de Mar del Plata Pedro Hooft, en la mira por la causa por las prostitutas muertas.
La Procuración General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires recibió documentación con las pruebas de “la elucubración de un atentado” contra el juez Pedro Hooft, el mismo que investiga en Mar del Plata la desaparición de tres prostitutas en mano de una banda mixta integrada por proxenetas y policías, con complicidades judiciales. A raíz de esa información, el procurador de la Corte, Eduardo de la Cruz, dispuso ayer reforzar la custodia personal del magistrado. Para eso ordenó además reemplazar a los policías que tenía asignados por efectivos de gendarmería.


La información sobre el atentado llegó el lunes a la Fiscalía General de Mar del Plata a través de una carta dirigida al fiscal general Gabriel Fernández Garello. La carta entró al organismo por Mesa de Entrada y siguió el curso administrativo de cualquier otro trámite. Recién ayer, Fernández Garello se encontró con el contenido de la carta y los detalles que hablan sobre un posible atentado físico contra la vida del juez. Página/12 supo que no se trata de una carta anónima. El documento está firmado y el autor está perfectamente identificado: “Aparentemente sería un ex policía”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
Los detalles de la carta aún no transcendieron. Sin embargo, este diario pudo saber dos aspectos centrales de ese mensaje que a De la Cruz le permitió decir que “existen elementos precisos para sospechar que se estaría elucubrando un atentado contra la vida del juez Pedro Hooft”. Quien firmó la carta no dio detalles del plan pero sugirió su existencia. Allí habla de “la investigación que está haciendo Hooft, donde está implicado un grupo de policías”. A continuación, sugiere que “se necesita reforzar la vigilancia porque podrían atentar contra su seguridad”. Estas palabras no son textuales, sino la trascripción del relato que le hizo a este diario una fuente de la Fiscalía General. 
Además de esta serie de recomendaciones, el misterioso autor de la nota sugirió algunas restricciones entre el personal que se convoque para reforzar la protección del juez: ni policías de la Bonaerense –dijo– ni de la Federal. En el texto hay otros elementos de peso. Entre ellos, un listado donde se enumera la cantidad de amenazas que fue recibiendo Hooft mientras hacía viejas investigaciones por fuera de la causa por la desaparición de las prostitutas. En tanto, nadie reconoció oficialmente que alguno de los fiscales o la gente de la Procuración haya tomado contacto con el autor de la carta para conocer más detalles.
Hasta ahora, en la pesquisa que lleva adelante el juez de Mar del Plata hay diez policías procesados. Nueve de esos diez están detenidos. El último de la lista está prófugo junto a tres civiles. En estos días el expediente está en manos de la Cámara penal de Mar del Plata. El Tribunal tiene que resolver en las próximas horas si confirma o no el procesamiento dispuesto por el juez para los policías. La resolución estaría lista en 48 horas. Mientras tanto, en el despacho de Hooft no descansan. En estos momentos allí están procesando “un caudal de documentación muy importante que podría generar nuevas medidas”, explicó ayer una fuente de la Procuración. El juzgado encontró esa voluminosa cantidad de documentos en una serie de allanamientos en los que se encontró con una veintena de mujeres paraguayas secuestradas.
“Ahora son sólo diez los policías procesados, pero hay mucha documentación y siempre existe la posibilidad de que la cantidad de detenciones se extienda, y hacia arriba”, explicaba anoche la misma fuente de la Procuración. El “hacia arriba” para los investigadores es un “hacia arriba” que no implicaría conexiones con Departamentales de otras partidos de la provincia. Por eso para la Procuración, las razones que dispararon el envío de la carta están “focalizados exclusivamente en Mar del Plata”.
Esa focalización es importante. En algún momento, cuando ayer se conocía la existencia del plan y de la amenaza, algunos buscaron conexiones con el caso de Diego Peralta. En ese caso, es la Federal quien investiga la eventual participación de la Bonaerense en el secuestro y en el crimen.Por los datos reunidos hasta ahora, el anticipo que recibió Hooft a través de los fiscales no tiene nada que ver con esa investigación. Al menos así lo piensan quienes conocen cómo se mueven las bandas de la Bonaerense. “Salvo en los casos en los que tienen que devolver un favor, las bandas de policías operan por regiones y desvinculadas una de otras: al menos eso es así a nivel provincial”, explicaba anoche uno de los expertos en estos temas.
En tanto, frente a la casa de Hooft ayer se reorganizaba el equipo de custodias. Hasta anoche, el magistrado había recibido ninguna amenaza. “Lo único que supe –le dijo a este diario– es que la Procuración maneja documentación donde se menciona el atentado.”


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Sociedad| Jueves, 12 de diciembre de 2002


POR LA DESAPARICION DE PROSTITUTAS
Policías detenidos

Alguna vez se habló de un “loco de la ruta” como culpable de las desapariciones de Mar del Plata. Esa versión, útil para los verdaderos responsables, quedó borrada al emerger la verdad que señala a los uniformados. Ayer, tres nuevos policías fueron detenidos acusados de tener relación con el presunto homicidio de tres prostitutas entre 1997 y 1998. Con ellos, suman doce los policías apresados por la desaparición de Ana María Nores, Silvana Paola Caraballo y Verónica Andrea Chávez.
En la tarde de ayer dos oficiales y un suboficial de la policía bonaerense fueron detenidos por disposición del juez de transición Pedro Federico Hooft. Los detenidos fueron identificados como los oficiales principales Angel Daniel Alvarez, Rubén Chorén y el suboficial Juan Vulcano. Se desempeñaban en la Jefatura Departamental de Mar del Plata y en la seccional primera, jurisdicción donde las tres mujeres desaparecidas ejercían la prostitución.
Ya el 8 de agosto pasado habían sido detenidos Linéf Ayala, Miguel Valledor, Armando Leonidas Aranda, Fernando Santandreu, Alberto Iturburu, Oscar Rolando Lizarraga, Roberto Shiarkey, Daniel Iglesias y Horacio Pastor. Los que continúan prófugos son el subcomisario Rubén Alvarez, quien era titular de la comisaría de Necochea, y una pareja que regenteaba el prostíbulo de la calle Salta al 1300, que se presume que desde ese lugar se contactaban las prostitutas desaparecidas con ocasionales clientes.El juez Hooft solicitó la detención de la pareja a la policía, la Interpol y el FBI.
A los policías detenidos se les imputan los delitos de “asociación ilícita, privación ilegal de la libertad calificada, extorsión y promoción a la prostitución”.


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Sociedad|Martes, 26 de noviembre de 2002

Por las prostitutas de Mar del Plata
Una delegación de 150 trabajadoras sexuales desembarcó ayer en Mar del Plata desde la Capital Federal y otras ciudades del país para reclamar el esclarecimiento de los crímenes y desapariciones de más de 20 prostitutas ocurridos allí en los últimos años. La jornada de protesta no fue elegida al azar: las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar) marcharon por las calles de la ciudad balnearia en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y no estuvieron solas. Las acompañaron representantes de CTA, de organizaciones piqueteras, de partidos políticos de izquierda y de organismos de derechos humanos como Abuelas y Familiares de Plaza de Mayo. La movilización terminó frente a los tribunales marplatenses, donde las meretrices entregaron a los camaristas Julio Isaac Arriola y Nélida Zampini un petitorio con 5 mil firmas para exigir el “rápido esclarecimiento de los asesinatos y las desapariciones de las compañeras trabajadoras sexuales y de todas las mujeres de Mar del Plata”. Por los mismos crímenes, símbolo de la violencia contra las mujeres en el país, se plantaron ayer por la tarde frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal, integrantes de una decena de ong de mujeres.

Tres de las desapariciones están siendo investigadas por el juez Pedro Hooft, quien descubrió detrás de los presuntos asesinatos una importante red de explotación de la prostitución en la que están involucrados proxenetas, policías –diez están detenidos– y un fiscal federal que fue separado preventivamente de su cargo por la Procuración General de la Nación de su cargo y está sospechado de encubrimiento. Para despistar las investigaciones, la policía inventó al famoso “Loco de la Ruta” y le adjudicó los homicidios.

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Sociedad|Miércoles, 29 de diciembre de 2004

POR LAS PROSTITUTAS DESAPARECIDAS
Bonaerenses condenados


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Sociedad|Miércoles, 3 de diciembre de 2003

IMPUTAN A UN POLICIA POR EL CRIMEN DE PROSTITUTAS EN MAR DEL PLATA
El “loco de la ruta” tenía uniforme
Por Carlos Rodríguez


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