Nuevo documento:
Copia del ACUERDO DEL SENADO. 1984.
Algunas CARTAS y NOTAS de Apoyo:
Nota suscripta por Adela Mollard, Eva Giberti, Juan Carlos París, Armando Abruza, Héctor Marteau, Abel J.C, Ayala, Carlos V. Márquez y Antonio Manna.
CARTA SUSCRIPTA POR FUNCIONARIOS, DEFENSORES Y AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DE MAR DEL PLATA
Nota de las Profesionales, Dra. Beatriz Arza y de
Nota de la Dra. María Luisa Pfeiffer (1997)
Nota del Profesor Rodolfo A. Rodriguez, entonces Decano de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. (2001)
Publicación en el Diario La Capital de Carta de Apoyo al juez Hooft escrita y firmada por Profesionales de la Justicia. Al hacerse público el texto se sumaron innumerables firmas por parte de la ciudadanía en general.
27 de marzo de 2006.
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Profesionales de la justicia brindan
contundente respaldo al juez Hooft
Abogados, magistrados, profesionales del derecho,
funcionarios judiciales y otros representantes de la comunidad salieron
al cruce de la denuncia presentada contra el doctor Hooft, entre otras
cuestiones, por su presunta vinculación con el terrorismo de Estado.
Tras la presentación de una denuncia penal, en el ámbito
de la Justicia Federal de esta ciudad, en la que se le imputa al juez
Pedro Federico Hooft su presunta vinculación con el terrorismo de Estado
y otros delitos de lesa humanidad, en el contexto de la fatídica "Noche
de las Corbatas", numerosos representantes de la actividad judicial
-abogados, fiscales, jueces y camaristas entre otros- dieron a conocer
un documento rechazando esas imputaciones y resaltando el accionar del
magistrado.
En este sentido, señalan que el doctor Pedro Hooft "ha sido uno de
los más activos luchadores -si no el que más- contra la tortura, los
vejámenes, los apremios ilegales y los malos tratos policiales, durante
la dictadura militar", añadiendo que el citado juez "ha dejado palmarias
muestras de su denuedo en la defensa del derecho a la vida, a la salud,
a la dignidad humana y a la identidad sexual".
Textualmente, el documento de los profesionales comienza señalando
que "los abajo firmantes frente a la reciente difusión pública, en
distintos medios periodísticos locales y nacionales, de la promoción de
una denuncia penal en el ámbito de la Justicia Federal de esta ciudad,
en la que se imputaría al Sr. juez a cargo del Juzgado en lo
Correccional Nº 4 de esta distrito (a la vez que mantiene la titularidad
del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 1), Dr.
Pedro Federico Cornelio Hooft, su presunta vinculación con el terrorismo
de Estado y otros gravísimos delitos de lesa humanidad, que se dicen
cometidos en el contexto de la fatídica "Noche de las Corbatas", durante
el mes de julio de 1.977, de los que resultaron víctimas abogados de
nuestro foro y familiares directos de éstos, queremos dar a conocer
nuestra propia opinión de ciudadanos de un Estado democrático de
Derecho, sin con ello pretender interferir la labor que viene llevando
adelante el magistrado federal instructor".
En este sentido, se remarca en el documento que están "convencidos
que el juez denunciado no es -ni ha sido, antes- un genocida, como
tampoco ha constituido asociación ilícita alguna para la comisión de
ilícitos de lesa humanidad, en el marco de las acciones delictivas del
terrorismo de Estado, pues a quien ha sido uno de los más activos
luchadores -si no el que más- contra la tortura, los vejámenes, los
apremios ilegales y los malos tratos policiales, durante la dictadura
militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" (al extremo
de haber sufrido un gravísimo atentado en su vivienda a fines de 1976, a
poco de haber encabezado un procedimiento judicial en el que se
descabezara la cúpula de la Comisaría de Miramar, y del que
milagrosamente él y su familia resultaron ilesos), mal puede reputársele
haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales, es más, ni
siquiera haber sido cómplice al servicio de las doctrinas de la
seguridad nacional que inspiraron a los grupos de tareas, encargados de
planificar y ejecutar los actos de terrorismo de Estado que ahora se le
coincriminan al denunciado".
En otro párrafo del texto dado a conocer por abogados, magistrados y
funcionarios judiciales, se sostiene que "a quien ha velado con tan
fecundo celo funcional -siempre en especial referencia al período
1976/1983- por las condiciones humanitarias de detención de las personas
sometidas a la jurisdicción provincial, tanto en dependencias
policiales cuanto penitenciarias, como lo demuestran las innumerables
actuaciones y causas penales iniciadas de oficio por el magistrado
aludido, mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones
delictivas estatales".
"Defensa del derecho a la vida y la dignidad"
El tercer punto del documento refiere que "a quien hubo sido
denunciado por su desempeño funcional como juez, y siempre con relación a
los hechos aludidos, concomitantes o similares, ante el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos
Aires (conf. Exte. 3001-108/93, caratulado "Pannoni, Alberto Felipe
-abogado- Acusa"), obteniendo resolución favorable de ese cuerpo que
rechazó la formación de causa, con fecha 5 de agosto de 1.993, decisorio
que quedara firme luego de haber desestimado la Excma. Suprema Corte de
Justicia de la Pcia. de Bs. As. el recurso interpuesto por el acusador
privado, mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones
delictivas estatales", añadiéndose nuevamente: "Es más, ni siquiera
haber sido cómplice al servicio de las doctrinas de la seguridad
nacional que inspiraron a los grupos de tareas, encargados de planificar
y ejecutar los actos de terrorismo de Estado que ahora se le
coincriminan al denunciado".
Por último, se remarca que "cual es público y notorio, a quien
durante su extenso desempeño jurisdiccional en esta ciudad de Mar del
Plata -con aciertos y errores, como es natural- ha dejado palmarias
muestras de su denuedo en la defensa del derecho a la vida, a la salud, a
la dignidad humana y a la identidad sexual, desarrollando a través del
instituto del amparo la protección efectiva de tales valores de rango
constitucional, siendo el pionero de la bioética a nivel local (y uno de
los precursores de su estudio y aplicación a nivel nacional y hasta
continental), mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones
delictivas estatales".
Entre los firmantes del documento pueden mencionarse a Esteban
Horacio Viñas, Alfredo Deleonardis, Ricardo Favarotto, Daniel Laborde,
Aída Kemelmajer de Carlucci, Carlos Ghersi, Ana María Di Lonardo,
Ricardo Miguel Zuccherino, Marcelo Zarlenga, Ricardo Gutiérrez, Rodolfo
Guimarey, Jorge Peralta, Ramiro Rosales Cuero, Miguel Angel Mitidieri,
Mirella Marzola, Carlos Giménez, Miguel Dologarya, Mario Vera Tapia,
Horacio Insanti, Analía Cristina Jorge, Mirta Fernández, Gloria
Znchowicky, Juan Nicolás, Sergio García, María Fernanda Saumell, Carlos
Hernando, José Fraraccio, José Luis Piuma, María Elena Palomo, María
Carolina Visús, Silvia Caffaro, Enrique Arbizu, Gustavo Adolfo Redi,
María Luisa Fux, José Luis Salgado Creo, Lucía Rodríguez Fanelli, Jorge
Osvaldo Novelli, Horacio Salvador, Cristian Ariel Terrero, Geraldin
Piccardi, Chiatti Fiana, Mónica Bustamante, Javier Pablo Laborde, Mónica
Tejerina, María Gabriela Botálico, Sebastián Calderara, Pablo Haller,
Matilde Chino, Alicia Rodríguez, Olga Arrechea, Eduardo Masarachio,
María Laura Salemme, María Ana Simón, Osvaldo Camaño, Diego Otamendi,
Adriana María Games, Ricardo Rodríguez Aranda, Isabel Olivera, Leonardo
Tralibe Burattini, Héctor Martín, Néstor Peláez Allier, Olga de
Cangiano, Raúl Viñas, Beatriz Castellanos, Justo Zanier, María Marta
Mainetti, Ana Abraham, Carmen Rodríguez, Jorge Castro, Mario Serrat,
Rodríguez A.M., Virginia Acuña, Susana Larroca, Teresa Asnáriz, Zulema
Ruggieri y María Virginia Simonetti, entre otros.
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